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El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, recibió este miércoles 27 al gerente general de Provincia Fideicomisos, Luciano Haas, para rubricar el contrato que pone en marcha la licitación de balnearios y Unidades Turísticas Fiscales (UTF) de Miramar.
El proceso, iniciado a través de distintas licitaciones públicas y complementado durante 2026, incorpora como principal innovación la creación de un fondo fiduciario por ordenanza. Este mecanismo tiene dos objetivos estratégicos: garantizar la transparencia en la asignación y uso de los recursos, y asegurar el destino final de los fondos aportados por los concesionarios, evitando desvíos o usos discrecionales. El fideicomiso actúa como un patrimonio separado, administrado por una entidad fiduciaria (Provincia Fideicomisos) que vela por el cumplimiento de las reglas establecidas. Para el público general, esto significa que cada peso invertido en la costa tendrá un fin trazable: mejoras en infraestructura, mantenimiento de playas y servicios públicos asociados.
Este nuevo esquema redefine integralmente el frente costero de Miramar tras más de 25 años de contratos vencidos. Durante más de dos décadas y media, muchos contratos de explotación de balnearios estuvieron en situación irregular, lo que generó falta de inversión, disputas por el uso del espacio público y una oferta turística desactualizada. Con este proceso, el municipio establece concesiones por 15 años con opción de prórroga, otorgando previsibilidad a los inversores. Las licitaciones abarcan unidades de sombra (sectores de playa con reposeras y sombrillas) y servicios mixtos vinculados a la gastronomía (paradores, confiterías, food trucks), además de incluir la regulación de paradores en playas públicas, poniendo fin a la ocupación informal y equilibrando el derecho al uso libre de la costa con la actividad comercial.
De esta manera, Miramar, uno de los destinos más tradicionales de la costa atlántica bonaerense, apuesta a fortalecer su organización turística como ventaja competitiva. La licitación no solo ordena el negocio de los balnearios, sino que también incentiva la inversión privada en infraestructura de calidad, genera empleo local directo (guardavidas, personal de mantenimiento, gastronómico) e indirecto, y aumenta la recaudación municipal vía cánones y tasas, que a su vez se reinvierten en servicios playeros. Desde la perspectiva del veraneante, el cambio se traducirá en playas mejor equipadas, ofertas gastronómicas reguladas y una experiencia más predecible y segura. Para los vecinos, significa que el espacio público deja de ser tierra de nadie para convertirse en un activo gestionado con reglas claras.
Con la firma del fideicomiso ya ejecutada, el municipio abrirá en los próximos meses los pliegos licitatorios para cada unidad turística fiscal. Se espera un alto interés de inversores regionales, dado que Miramar mantiene un flujo turístico estable y el nuevo esquema ofrece un horizonte de 15 años de concesión.
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